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/ P. G. / SEVILLA / 09/11/2013
Desde esta patronal, a la que se adscriben los doce colegios diferenciados de la región, se aboga por un «pacto educativo»
La respuesta del consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luciano Alonso, mostrando el rechazo a pagar con dinero público la
educación diferenciada y, por ende, su negativa a concertar a raíz de la
enmienda de UPN aprobada en el Senado para su inclusión en la Lomce, no ha
pasado por alto para la patronal a la que se adscriben estos centros —CECE-Andalucía—
ni para la plataforma «Mis padres deciden», que no ceja en su empeño de hacer
valer su derecho a poder elegir la educación de sus hijos.
La asesora jurídica de la patronal,
Carmen Mora de la Rosa, ha considerado que «es muy grave que representantes
públicos declaren que no van a aplicar una Ley de obligado cumplimiento,
pues tienen una enorme responsabilidad y son los primeros que deben someterse y
preservar las reglas de la democracia y del estado de derecho». En su opinión,
«no es un buen ejemplo que nuestros representantes se precipiten en este tipo
de cuestiones, pues la misma legitimidad tienen las leyes aprobadas en el
Parlamento tanto si son promovidas por un partido como por otro, porque ¿qué
ocurriría si los ciudadanos cumpliéramos las leyes que nos gustan y
rechazáramos las que no?».
La asesora jurídica pone también en
tela de juicio las declaraciones de Luciano Alonso que inciden en que, aunque
con la enmienda los centros podrán ser beneficiarios de los conciertos, la
administración autonómica será la encargada de valorar su justificación. Mora
de la Rosa precisa que una administración pública no debería «resolver por
adelantado unos procedimientos administrativos futuros. Es peligroso
prejuzgar una situación de manera anticipada y, sobre todo, cuando se trata
de un responsable público. ¿Qué seguridad jurídica pueden tener los ciudadanos
—se pregunta— cuando su gobierno declara que no se va a someter al ordenamiento
jurídico?». En este punto, indica que las leyes orgánicas educativas establecen
mecanismos para velar, en todo el Estado, por el cumplimiento de la normativa
básica, «en este caso a través de la Alta Inspección».
Alcanzar un acuerdo
La patronal ha mostrado en todo
momento su voluntad de llegar, mediante el diálogo, a un acuerdo
con la Junta de Andalucía, algo en lo que abunda, en líneas generales, el
secretario general de esta organización, Rafael Caamaño, quien ha hecho hincapié
en la necesidad de «un pacto educativo para poder erradicar la confrontación
que en la actualidad se está viviendo en nuestro país y cuyas consecuencias no
la sufren los partidos políticos sino la propia sociedad, nuestros hijos».
Caamaño aboga por hacer «un esfuerzo para entendernos y ser fieles al espíritu
del artículo 27 de nuestra Constitución que proclama en
igualdad de condiciones el derecho a una educación para todos».
