Solicitan
al Ministerio de Educación medidas que aseguren a los padres la última palabra
sobre la formación de sus hijos
La
plataforma Mis padres deciden, que agrupa a los padres y madres de las
asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los colegios
concertados con modelo pedagógico de educación diferenciada en Andalucía,
han mostrado su negativa a que la administración «decida» el tipo de educación
que deben recibir sus hijos, después de que la Junta les negara el concierto
escolar para el próximo curso, razón por la que han solicitado que el
Gobierno central les respalde «con urgencia« para evitar ver «anulados» sus
derechos.
Recientemente,
la titularidad del colegio Albaydar de Sevilla, ente afectado y
recurrente contra la decisión, ha presentado recurso de súplica contra la
resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechaza las medidas cautelares
solicitadas para suspender la orden de la administración, según señaló a Europa
Press la portavoz de la plataforma, Gemma García.
Este
recurso también ha sido presentado por las otras entidades que ya cuentan con
resoluciones similares del Alto Tribunal respecto de sus pretensiones, como son
los colegios adscritos a las Hermanas de la Cruz, la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Ribamar y las Escuelas
Familiares Agrarias (EFA) Elcható de Brenes (Sevilla), El Molino Azul
de Lora del Río (Sevilla), Yucatal de Posadas (Córdoba), y
'Torrealba' de Almodóvar del Río (Córdoba).
García
recuerda que a este tipo de colegios acuden alumnos de «diferentes sectores
sociales» y tienen una gran demanda. Asimismo, ha declarado que «sólo
quieren que se respete su libertad» y que se oiga la «voz» de los padres, que
piden a la administración pública andaluza que garantice y defienda el derecho
a decidir, «tal como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española».
Con la retirada de los conciertos «se impedirá que miles de alumnos puedan
acceder a estos colegios, convirtiendo la educación en elitista«, asegura.
Así,
los padres de alumnos bajo este modelo se han negado a que la Junta «decida«
por ellos y han expresado que la enseñanza concertada en Andalucía está
«alterada«, y la concertada diferenciada, «maltratada y discriminada,
porque la voluntad del gobierno andaluz es imponer su único modelo y no está
dispuesto a reconocer la constitucionalidad y legalidad de la educación
diferenciada, y menos todavía el derecho de los padres de poder elegir el
tipo de educación que desean». Asimismo, García ha incidido en que la educación
diferenciada «tiene perfecta cabida en nuestro ordenamiento jurídico, es
legal y no discriminatoria«.
Por
otro lado, el colectivo sabe que la aplicación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa(Lomce) podría «zanjar» este asunto, «pero
con la organización del curso 2013/2014, tal como se ha planteado en estos
centros, ya se han empezado a producir daños irreparables, debido a que
hay padres que tienen que buscar otro centros porque no puedan matricular a sus
hijos en los que hasta ahora han sido de educación diferenciada y no pueden
matricularlos bien porque los niveles de entrada ya no están concertados».
La
plataforma tiene una reivindicación concreta que se basa en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013, que ha reconocido el derecho
de los centros de educación diferenciada a la financiación con fondos públicos.
De igual modo, han pedido que desde el Ministerio de Educación «se tomen
las medidas oportunas a fin de instar a la consejera al cumplimiento de la Ley
de Presupuestos», ha afirmado García.
Por
su parte, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha
indicado que «no hay duda de que la educación diferenciada es un modelo
pedagógico perfectamente legal implantado en numerosos países; eliminarlo
arbitrariamente es una agresión a la libertad de los padres a decidir
qué educación quieren para sus hijos.
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